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Esta mañana, el CERMI Galicia organizó un acto en Santiago de Compostela para presentar a los medios la iniciativa que lleva por lema «Afirma tus derechos, firma contra el copago«. El objetivo de esta campaña es la recogida de 500.000 firmas en todo el territorio nacional para modificar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia en lo relativo a los criterios de copago a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

La presentación, en la que participaron representantes de todas las entidades miembro del CERMI, entre ellas FEAFES Galicia, tuvo lugar a las 11:00, en la sede de la Fundación Abanca en Santiago de Compostela (Rúa do Vilar nº 19). Al final del acto, los representantes de cada entidad firmaron conjuntamente el documento a través del cual se solicita al Congreso la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para la reforma de la Ley de Dependencia y contra el copago confiscatorio.

El copago en la dependencia

La iniciativa legislativa popular contra el copago confiscatorio es la respuesta del movimiento social de la Discapacidad a las políticas de las Administraciones sociales, que en el desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia crearon una situación insostenible, que hace recaer el esfuerzo económico de mantenimiento del sistema en las propias personas en situación de dependencia, algunas de las cuales se vieron obligadas a renunciar a recursos de atención, como residencias u otro tipo de servicios, por motivos económicos.

«Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio» es el lema de esta campaña que el CERMI emprendió en todas las comunidades autónomas, y con la que la plataforma pretende llegar a las personas con Discapacidad y con edad avanzada, y a su ámbito familiar, así como a los profesionales de los servicios sociales, a los voluntarios y a la ciudadanía en general, para que consignen su firma de apoyo a esta acción.

Los cambios propuestos están encaminados a establecer criterios más claros, justos e iguales, en relación con la capacidad económica y la participación en el costo de las prestaciones por parte de las personas beneficiarias. Estos incluyen medidas como la exención del copago a los que perciban menos de 1.331 euros, o fijar una aportación máxima por superior al 60% del coste del servicio al que accede.

 

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