01/02/2012.

Los impagos de la Generalitat Valenciana ponen en peligro la atención en salud mental

Desde la Confederación FEAFES denuncian el retraso en el pago de 28 mil y 37 mil euros por parte de las Consellerias de  Bienestar Social y Sanidad respectivamente, por servicios que las entidades valencianas han prestado en los años 2010 y 2011. Su presidente “confía” en que desde ambas Consellerias “cumplan lo acordado de manera inminente” puesto que, según él, “la atención, que implica una continuidad de cuidados a más de 3.000 personas con trastorno mental y familiares, está en peligro”.

Para Sánchez Monge, el papel de la federación valenciana es “absolutamente imprescindible” para coordinar los programas de las 27 asociaciones de esta Comunidad, por lo que, si la federación terminara cerrando, muchos de los recursos que gestionan estas entidades no tardarían en verse “gravemente afectados”. El pasado viernes FEAFES Comunidad Valenciana tuvo que despedir a dos de sus tres trabajadores debido al retraso en el pago de las subvenciones acordadas.

Desde FEAFES explican que “la continuidad en los tratamientos es vital” para este tipo de trastornos, por lo que “cualquier interrupción en los programas que llevan a cabo las asociaciones supone un enorme obstáculo en el proceso de recuperación de cualquier problema de salud mental”.

La Confederación FEAFES, que reúne a 283 asociaciones en todo el país, quiso expresar así su compromiso con cualquiera de sus entidades que se vean amenazadas por los recortes presupuestarios de las distintas Administraciones Públicas. Desde la entidad se muestran “conscientes de la difícil situación económica general”, pero rechazan que sean las personas con discapacidad, en este caso provocada por una enfermedad mental, las que debido a los recortes se queden sin unos apoyos básicos para su vida diaria.

Preocupación general
El presidente de la Confederación FEAFES destacó que seguramente el problema causado por los impagos por parte de la Generalitat Valenciana“puede ser el más urgente, pero no el único”. En este sentido, Sánchez Monge señaló que en otras Comunidades Autónomas los recortes presupuestarios también están poniendo en peligro “derechos  básicos” de las personas con trastorno mental como la atención sanitaria o la inclusión social.

“Desde la reforma psiquiátrica, hace 25 años, se han producido mejoras progresivas en la atención en la salud mental. Es la primera vez en ese periodo que se corre el riesgo de sufrir un retroceso general en la situación de nuestro colectivo”, concluyó Sánchez Monge.

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