Las rigurosas medidas de austeridad adoptadas por el gobierno español han tenido un impacto devastador en algunas de las personas económicamente más vulnerables y marginadas de la sociedad, han provocado listas de espera insoportablemente largas y han obligado a pacientes a racionar su medicación para ahorrar costes. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado «La receta equivocada: El impacto de las medidas de austeridad en el derecho a la salud en España».
En este informe, la organización expone los riesgos en materia de derechos humanos asociados a la austeridad. El estudio concluye que el gobierno español aplicó medidas de austeridad de una manera que no era conforme con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
«Las personas más vulnerables pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara. El afán del gobierno español por recortar costes ha deteriorado la vida tanto de los y las pacientes como del personal sanitario», ha manifestado Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre Salud.
El gobierno español empezó a recortar el gasto en atención sanitaria en 2009, tras la crisis económica mundial. Las medidas de austeridad en especial las introducidas mediante el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL 16/2012) incluían trasladar el coste de determinados productos a usuarios y usuarias, limitar la atención sanitaria a disposición de las personas migrantes en situación irregular, y recortar el gasto en personal sanitario, material e infraestructura.
Amnistía Internacional habló con 243 personas en Andalucía y Galicia, entre ellas personas vinculadas a FEAFES Galicia. Contaron con testimonios de personas usuarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), personal sanitario y personas expertas en salud pública. En el informe, la organización destaca el desproporcionado impacto que las medidas de austeridad implantadas en el sistema sanitario público español han tenido sobre las personas con ingresos más bajos, especialmente las que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las personas que reciben atención de salud mental.
