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La recuperación económica no ha llegado a la mayoría de las personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social (AROPE por las siglas en inglés). Esta es una de las conclusiones del décimo informe «El estado de la pobreza en Galicia 2020», hecho público en el marco del informe «El Estado de la Pobreza», presentado por EAPN España con el seguimiento exhaustivo del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España en base a datos oficiales de Eurostat, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Hacienda.
En el 2019, 655.000 personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, el 24,3% de la población gallega, 1,3 puntos más que en el año anterior.
El indicador ha empeorado especialmente en la población masculina, aumentando del 22,1% al 24,5% en el último año. En cuanto a la situación de las mujeres, el aumento respecto al año pasado ha sido menor que en los hombres (del 23,9% al 24,1%), pero sí se observa una situación más estructural de feminización de la pobreza a lo largo del período comprendido entre 2008 e 2019.
Galicia es una de las ocho comunidades autónomas que ha conseguido reducir su tasa AROPE a cifras anteriores a las del comienzo de la crisis en el 2008, del 25,1% en el 2008 al 24,3% en el 2019.

Componentes de la tasa AROPE

La tasa de riesgo de pobreza alcanza 2019 al 20,0% tras un incremento de algo más de un punto porcentual: 540.729 personas (31.623 más que en el año anterior). Sin embargo, en el conjunto del período entre 2008 e 2019 la tasa ha disminuido 9 décimas, lo que supuso que 35.000 personas salieron de una situación de pobreza.
En cuanto a la diferencia según el sexo, las cifras se igualan llegando a una tasa del 20% tanto en hombres como en mujeres. Esto se debe al aumento superior del 0,2% de la tasa de hombres en comparación al 0,1% del aumento en mujeres con respecto al año anterior. En términos absolutos, hay 279.000 mujeres en riesgo de pobreza y 261.231 hombres.
Galicia tenía, en el 2019, 212.000 personas en pobreza severa, 9.000 más que el año anterior. Esto supone que el 7,9% de la población gallega tuvo ingresos inferiores a 500€ al mes en los hogares de una persona, 1.051€ al mes en los hogares de dos adultos y dos menores de 14 años o menos de 951€ al mes en un hogar monoparental en el que un adulto (en el 80% de los casos una mujer) cuida de tres menores.
Los datos del Ministerio de Hacienda confirman que la población con ingresos por unidad de consumo en los tramos más bajos de renta ha aumentado del 17% al 19,8% entre 2018 e 2019.
El deterioro de la calidad de vida de las personas en peor situación es una conclusión que no solo se obtiene a partir del empeoramiento de la tasa de pobreza severa sino también de otros indicadores como la privación material severa o el porcentaje de personas en los deciles 1 e 2 de menores ingresos.
El 11,9% de la población menor de 60 años que reside en Galicia vive en hogares con baja intensidad de empleo. La cifra se incrementó ocho décimas y, por segundo año consecutivo desde 2010, se sitúa por encima de la media nacional.
El acceso al empleo debería ser la herramienta determinante para la salida de la pobreza, pero la Encuesta de Condiciones de Vida refleja que las personas accedieron de forma muy limitada al empleo en los años de recuperación económica anteriores al confinamiento, y si lo encontraron fue de baja calidad y en condiciones de precariedad laboral. De hecho, en el conjunto del estado el 13,2% de las personas ocupadas están en situación de pobreza.
En el 2019, el 3,6% de la población de Galicia, vivía en condiciones de Privación Material Severa, es decir, no podía hacer frente al menos a cuatro de los nueve conceptos de consumo básicos definidos a nivel europeo.
Es imprescindible destacar el fuerte empeoramiento de este indicador especialmente en mujeres, confirmando que la baja calidad del empleo al que pudieron acceder muchas personas, sobre todo las mujeres, no significó de ningún modo una mejora en sus carencias materiales.
La situación de emergencia residencial en la que viven miles de familias gallegas se observa en el empeoramiento de los conceptos que tienen relación con la vivienda.
El elevado gasto en vivienda no digna ni accesible que soportan está actuando como un aspirador de rentas que restringe sus ingresos prácticamente a la mitad, obliga a priorizar sobre gastos imprevistos o incluso sobre la calidad de la alimentación e impide de facto el éxito en los procesos y medidas de inclusión social y lucha contra la pobreza.
Es imprescindible que se consoliden medidas positivas de Política Social puestas en marcha como el Ingreso Mínimo Vital, el refuerzo de la RISGA, la Tarjeta Monedero Básica o el esfuerzo presupuestario en apoyar procesos de inclusión social. Sin embargo, estas acciones no serán suficientes si no se garantiza el acceso a una vivienda y empleo dignos.
Descarga aquí el informe «El estado de la Pobreza en España» 
Noticia vía EAPN-Galicia.