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La Red Gallega contra la Pobreza (EAPN-Galicia) y las 125 entidades que la integran, entre las que se encuentra FEAFES Galicia, valoran muy positivamente la aprobación del anteproyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social. El Tercer Sector español da un gran paso con la aprobación de este texto que, considera, ofrece identidad, estabilidad y garantías a todas nuestras entidades. Se trata de la primera ley hecha por y para el sector, de la que España carecía y que estaba dificultando el despliegue de la labor de las entidades no lucrativas a favor de las personas y colectivos en pobreza o exclusión social. 

Este nuevo marco normativo fue una de las principales reivindicaciones de EAPN Galicia, estableciendo un marco regulatorio para que defina las especificidades y principios del sector, las medidas de fomento y apoyo para las entidades que lo componen, así como el reconocimiento efectivo del dialogo civil, asegurando la participación de las ONG implicadas en el diseño de las políticas públicas estatales, autonómicas y locales en el ámbito social.

No obstante, tanto EAPN Galicia como la Plataforma del Tercer Sector estatal, confían en que se concreten los mecanismos de financiación y que el Gobierno tenga en cuenta en su desarrollo posterior las propuestas del sector y las necesidades de las entidades que lo componen, gravemente lastradas por el azote económico de estos años de crisis.  Asimismo, recuerda que el sector necesita medidas específicas de fomento que mejoren su  capacidad de actuación.

En Galicia, en el año 2013, y según el Informe «Quen Somos?», las 108 entidades integradas entonces en EAPN Galicia, beneficiaron a más de 450.000 personas gracias al esfuerzo de 1.188 personas trabajadoras y 4.304 voluntarias y gestionaron 483 recursos de todo tipo con 40 millones de euros de presupuesto conjunto.

Anteproyecto de Ley de Voluntariado

Esta norma llega también tras la interlocución con el sector e incorpora medidas en línea con otras normativas europeas esperadas durante anos, intentando dar respuesta a numerosas cuestiones que afectan a la tarea voluntaria. 

Entre las novedades que implanta, cabe destacar que establece el voluntariado como un derecho de la ciudadanía y como tal, debe estar presente desde las primeras etapas educativas. Además, traza una clara diferencia entre empleo y voluntariado; en este sentido prohíbe a las administraciones,  empresas y demás organizaciones la substitución de puestos de trabajo por personas voluntarias. 

Por otra parte,  la Ley dispone que solo debe considerarse voluntariado aquella tarea que se coordine desde las organizaciones sociales. Otra cuestión novedosa es que reconoce hasta ocho ámbitos de voluntariado además del social, como el medioambiental, el cultural, el  educativo o el deportivo, entre otros. La ley, además, dedica un capítulo a los derechos y deberes de las personas voluntarias y a quien se benefician de la acción solidaria?

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