“Aunque yo nunca he estado enterrado vivo, considero que es una experiencia similar. La inmovilidad de todas mis extremidades y mi tronco sobre una camilla, me provoca unas sensaciones de angustia y ansiedad insoportables, y cuando más agitado estoy, más dolorosa es la experiencia“.
Así relata Enrique González, presidente de la Federación Salud Mental Canarias, su experiencia con las contenciones mecánicas en un centro hospitalario. Sus palabras podrían resultar sorprendentes si no fuera porque, por desgracia, suponen el día a día de muchas personas con problemas de salud mental que se enfrentan a la vulneración múltiple y sistemática de sus derechos durante los ingresos involuntarios.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra hoy 10 de diciembre, SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia las situaciones de violencia que, de forma habitual, sufren las personas con trastorno mental en la atención sanitaria. Una de las vulneraciones de derechos más frecuentes, es el uso de medidas coercitivas, tales como las contenciones mecánicas, una práctica considerada tortura por la ONU y que puede suponer para la persona que la sufre tanto consecuencias psicológicas (trauma), como físicas (hematomas, fracturas, atrofia muscular), pudiendo llegar incluso en ocasiones a provocar la muerte.
“Soy un paciente psiquiátrico, así que cuando ingreso en urgencias, llaman a seguridad para que esté presente mientras me desvisto para ponerme el pijama del hospital“, relata Enrique. “Tardo más de lo que debo en terminar de desabrocharme la camisa, y el personal no da tiempo, ni medio minuto, y me reducen entre las dos personas de seguridad y los cinco auxiliares y enfermeros que han llamado previamente para presenciar cómo me desnudo en un habitáculo de dos metros cuadrados. Me colocan en la camilla que ya habían preparado de antemano con las correas. Soy un paciente psiquiátrico, con una urgencia médica y tengo mucho miedo de lo que me está sucediendo, no entiendo por qué no me han cuidado desde que llegué al hospital, por qué no está mi familia conmigo, y estoy en shock. Un shock que no tenía antes de ingresar”.
Jonatan Yuste, representante de la federación murciana en el Comité Pro Salud Mental En Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA, explica así su experiencia: “Me agredieron. Fue durante un ingreso hospitalario por la seguridad privada. Primero me redujeron, siendo el ingreso voluntario, para sedarme y recurrir a contenciones mecánicas, cuando me subí solo a la camilla. El segundo motivo, llamar a gritos a los familiares que me pudieron visitar durante 5 minutos a planta, cuando recién se habían ido. Resultado de ello: llamada del psiquiatra a seguridad, con la denigrante situación de reducción violenta y anclaje a la cama de la planta del hospital donde yo, por suerte, anduve solamente 30/40 minutos, pero un compañero llevaba días pegado a su cama en la habitación contigua“.
La ONU denuncia el uso de prácticas coercitivas
“No puede haber buena salud mental sin derechos humanos“. Con esta claridad expone el Informe del Relator Especial de la ONU, publicado en abril de 2020, la actual situación en este ámbito. El informe señala que “sigue habiendo una inaccio?n mundial respecto del statu quo para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos en los sistemas de atencio?n de la salud mental. Este mantenimiento del statu quo refuerza un ci?rculo vicioso de discriminacio?n, desempoderamiento, coercio?n, exclusio?n social e injusticia“.
Esta reclamación no es nueva. Ya en el anterior Informe del Relator Especial, publicado en 2017, se recomendaba “elaborar una hoja de ruta para reducir radicalmente las prácticas médicas coercitivas, con miras a su eliminación, con la participación de diversas partes interesadas, incluidos los titulares de derechos”. En esta línea, el Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en salud mental de 2019, que cada año publica la Confederación, afirma que “hay que reiterar la aspiración de tender a la contención cero y a la progresiva reducción de los ingresos no voluntarios en pro de otras medidas más eficaces y en consonancia con los derechos humanos“.
Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Andreas, una psicóloga social a la que, tras varias semanas de peregrinaje por centros de atención primaria con síntomas físicos (fiebre, acúfenos y fuertes dolores de cabeza), el Hospital Universitario Central de Asturias le diagnosticó erróneamente un problema de salud mental. Lo que comenzó como un ingreso voluntario en la planta de Psiquiatría se convirtió en forzoso y, tras 75 horas contenida mecánicamente, Andreas falleció debido a una meningitis que no fue detectada a tiempo. Su hermana Aitana continúa en el proceso judicial para que, como ella misma manifiesta, “se haga justicia“, y en este camino cuenta con el apoyo del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA.
Una legislación que no se cumple
La Confederación es una de las firmantes del Manifiesto de Cartagena, al que también están adheridas la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), la Federación En Primera Persona y la asociación Veus. En él, se aboga por erradicar el uso de contenciones mecánicas, aislamiento o cualquier otra forma de coacción, en línea con lo que dispone la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y recuerda que Naciones Unidas lo considera tortura.
“¿Cómo es posible que ocurra eso en nuestro tiempo, que no se escuche a quienes sufren la violencia de prácticas y tratos inadecuados? Por la desidia de muchos“, opina José Leal, miembro del Consejo Consultivo de SALUD MENTAL ESPAÑA. “Estoy seguro de que pocos profesionales no sienten repugnancia cuando acceden a dichas prácticas, pero un exceso de adaptación a la institución les lleva muy prontamente a aceptarlas, cuando no a justificarlas. El fin no puede justificar los medios, y menos cuando estos se acercan a lo cruel, si no es que caen en ello. Nadie puede desear tales violencias para sí ni para los suyos“.
Para Leal, el motivo de que se sigan empleando estas prácticas es que “sigue habiendo mucho miedo a la libertad y la autonomía, y demasiado arraigo del estigma de la violencia y el descontrol atribuidos a las personas con problemas de salud mental“. Además, “dañan el vínculo terapéutico y casi hace imposible su continuidad desde la posición de horizontalidad y autonomía” porque “la coerción no es terapéutica y hiere la dignidad”.
Entre las alternativas, Leal menciona el desarrollo de equipos comunitarios que atiendan las crisis, el incremento de recursos profesionales y modificación de los espacios para hacerlos menos hostiles, implementar apoyos a los y las profesionales para que se impliquen en nuevas prácticas alejadas de las relaciones de poder, y reconocer el saber de las personas con experiencia propia y su entorno para aportar a la planificación de servicios.
