Las entidades miembro del CERMI Galicia, EAPN-Galicia y el Colegio Oficial de trabajo Social de Galicia (COTSG), reclamaron hoy en rueda de prensa, que se mantengan los servicios en el terreno social gallego y se evite el desmantelamiento que en este ámbito supondría la aplicación de los recortes aprobados por el gobierno central. Para esto, reclaman el compromiso explícito de las Administraciones Públicas, y los grupos parlamentarios en el mantenimiento de prestaciones y servicios sociales en el ámbito gallego.
Tanto entidades como profesionales, coinciden en la necesidad de defender el futuro de las personas más vulnerables ante el progresivo retroceso del sistema de servicios sociales y expresan su preocupación ante las consecuencias qué acarreará el Real Decreto al dejar sin cobertura los servicios que se vienen prestando a un gran número de personas con discapacidad y a colectivos en riesgo de pobreza y exclusión. Igualmente reclaman que esta revisión de la Ley, se haga mediante consenso político y social, tal y como si fijo en su aprobación para que todas las personas usuarias puedan ser escuchadas a través de sus representantes.
En ese sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia (COTSG), Juana M ª Tubío Ordóñez, destacó que los recortes en el Plan Concertado suponen que los Servicios Sociales dejarán de disponer de 4,6 de cada 10 euros para que, por ejemplo, sus redes de servicios sociales municipales, que implican servicios básicos como la ayuda a domicilio y otros proyectos sociales den respuestas a las necesidades de la ciudadanía. Lo que puede implicar además el despido de personal técnico responsable de los mismos. Estas partidas presupuestarias financian también comedores sociales, centros de día, residencias para personas mayores, pisos tutelados, albergues para personas sin techo o centros de acogida. … En definitiva, el Plan Concertado es una de las herramientas para mantener los servicios sociales en general, la atención básica a las personas con dificultades o necesidades especiales.
En lo relativo a las medidas en materia de Dependencia, tanto entidades como profesionales, manifestaron su desaprobación por el acuerdo de ampliar a dos años el plazo de las Comunidades Autónomas, para dar las ayudas de dependencia sin atender a la retroactividad. De esta manera, se congelará la entrada de nuevas personas en situación de dependencia y muchas de estas personas pueden llegar a fallecer antes de tener acceso a las ayudas.
Por su banda, el presidente del CERMI-Galicia, Anxo Queiruga, manifestó la preocupación de los colectivos de personas con discapacidad en cuanto al hecho de que parte de los servicios que estas reciben pasarán a financiarse a través de la Cartera de Dependencia. Esto supone, que todas las personas que no sean dependientes severos, quedarán sin cobertura en los servicios de apoyo que precisan – como es el caso de personas con discapacidad mental, discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, enfermedad mental, personas con daño cerebral adquirido y personas con discapacidad visual y auditiva.
CERMI-Galicia también destacó que este Decreto Ley supone un inaceptable retroceso en las políticas de promoción de la autonomía personal y un varapalo para las políticas activas de empleo para este colectivo, el que significa una precarización de facto de su futuro y una vulneración de los derechos recogidos en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU -ratificada por el Estado Español el año 2010.
Finalmente, Xosé Cuns, Vicepresidente de EAPN-Galicia puso el énfasis en la recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre el programa nacional de reformas de 2012 de España, que insta al gobierno central a tomar medidas específicas para combatir la pobreza, aumentando la eficacia del apoyo a la infancia y mejorando la empleabilidad de los grupos vulnerables. Según datos de AROPE -índice europeo de medición del nivel de pobreza- en Galicia se contabilizaron en el año 2011 un total de 6848.975 personas en riesgo de pobreza, de las cuales 111.305 sufren privación material severa, el que la sitúa por encima de la media nacional con un 4,1% de población afectada. En el ámbito de la infancia, la quinta parte de los menores de 17 años gallegos viven en un hogar con escasos recursos.
