La pandemia provocada por la COVID-19 sacó a la luz, con mayor fuerza que nunca, la fragilidad de la atención a la salud mental en nuestro sistema y la necesidad de prestarle atención de urgencia. Un informe sobre políticas acerca de la COVID-19 y la salud mental, publicado por las Naciones Unidas el pasado mes de mayo, revela que la pandemia puso de manifiesto «la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud mental si el mundo no quiere arriesgarse a que se produzca un aumento drástico de los trastornos psíquicos».
Si a esto se le añade que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cuatro personas en el mundo tuvo, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, y que los trastornos mentales serán la primera causa de discapacidad a nivel mundial en el año 2030, el escenario de la salud mental se presenta bastante desolador si no se ponen en marcha las soluciones y las medidas necesarias.
Por eso, y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, a la que pertenece Saúde Mental FEAFES Galicia, bajo el lema «Salud mental y bienestar, una prioridad global», hace visible la necesidad de una mayor inversión en recursos para atender la salud mental y reclama que estas inversiones sean una prioridad para las administraciones públicas a todos los niveles.
Contar con más recursos humanos y materiales es una reivindicación histórica del movimiento asociativo de salud mental, la cual se torna más urgente que nunca en el actual contexto de crisis sanitaria, económica y social. Las entidades de salud mental advierten que vienen tiempos difíciles en los que deberemos enfrentarnos a situaciones adversas como el desempleo o los desahucios, lo cual puede afectar a la salud mental de la población generando problemas de esta índole o agravando los ya existentes.
Uno de los principales problemas de la salud mental en España es la precariedad de recursos dentro del ámbito sociosanitario público, que ahora, con la pandemia de la COVID-19, se hizo más visible que nunca. Por ejemplo, según el Consejo General de Psicología, España tiene cuatro veces menos profesionales de la Psicología en la sanidad pública que el promedio europeo. Igualmente, en Atención Primaria, puerta de entrada a la atención en salud mental, hay una falta tanto de profesionales como de formación específica en salud mental, lo cual no está permitiendo detectar de manera temprana los trastornos mentales y derivarlos a los recursos comunitarios existentes.
Por otra parte, hace falta señalar que existen grupos de población especialmente vulnerables y sensibles, a menudo invisibilizados, que son susceptibles de ver especialmente afectada su salud mental en un contexto de crisis como el que estamos atravesando. Hablamos por ejemplo de la población migrante, las personas sin hogar, las mujeres o la población infantil.
Por todo ello, es preciso que la inversión y la atención a la salud mental pasen a ser una prioridad para todos los gobiernos y los estados, facilitando un acceso universal e igualitario a los servicios de prevención y atención a la salud mental, tratando así de evitar un incremento drástico de su prevalencia en el contexto de crisis provocado por la COVID-19.